LA CREDIBILIDAD DEL ESTADO EN EL ÚLTIMO CERRO (*)

Un  poblador del centro poblado de Puerto Manoa, ubicado en el Kilómetro 311 de la carretera Interoceánica Sur, en el corazón de la selva alta puneña, en un  focus group concluye: "¡El Estado siempre estará  con las empresas grandes, las hidroelectricas, las mineras y las petroleras tienen acuerdos y negociados siempre!" Este ideario es, en nuestra compleja sociedad, un lugar tan común como invisible y revela una peligrosa fragilidad institucional en la relación Estado-Sociedad Civil, que el desarrollismo económico a ultranza le gusta mucho no ver. A continuación, exploramos este tema planteando algunas preguntas referidas el sector extractivo, uno de los más complejos y en donde la credibilidad del Estado es con frecuencia cuestionada:

¿Cuánto contribuye el lamento permanente desde el gobierno de turno respecto de que la oposición a las actividades extractivas es, sobre todo, un maquiavélico complot político supranacional dirigido por un grupúsculo de revoltosos con el fin de sabotear el desarrollo galopante? Esa visión del asunto es tan  estrecha como inútil y sugiere la ingenua posibilidad de que si se elimina a los revoltosos y a los antis, las actividades extractivas se desarrollarían con una tranquilidad de ensueño. Es así que la propuesta en marcha del Gobierno de crear frentes policiales en las zonas mineras con el fin de agarrar de las orejas a todos los dirigentes pendencieros y revoltosos de la anti-minería  y neutralizarlos, es un peligroso desatino, como lo veremos más adelante. (Todo indica que el presidente Humala se refería a esto último cuando gritaba en las plazas que llevaría el Estado al último cerro).

¿Desaparecer a los antimineros?

Es peligrosa la obsesión oficialista por desconocer el derecho a discrepar y a cuestionar de los grupos opositores a la actividad extractiva. En cualquier régimen democrático el límite para toda acción colectiva es el Estado de Derecho, es decir, la ley.  El debate, en un marco de pluralidad constituye el soporte fundamental de la democracia, el menos malo de los sistemas de gobierno. De modo que suponer que el problema son los antis y no la manera cómo el Gobierno recupera la confianza de sus ciudadanos en las instituciones, es una falacia monumental movida, todo indica, por el facilismo de tener La caja gorda de canon para los programas de “inclusión social”.



Conflicto en Cañaris-lambayeque.
Fuente: http://www.noticiasperu-hoy.pe/

Entonces, el clásico lamento oficialista de que existe una gran maquinaria opositora a las actividades extractivas, es ocioso. ¡Claro que existe!. Y se necesitan acciones concretas como la promoción de procesos técnico-políticos de ordenamiento territorial que darían sostenibilidad y consenso al estilo de desarrollo que queremos para el país que nos toca. No cabe duda que las actividades extractivas ordenadas, efectivamente fiscalizadas y con un uso eficiente de los recursos generados, son una oportunidad para el desarrollo local y tienen un carácter estratégico en el proceso de desarrollo nacional. El dilema es: ¿Cómo hacemos minería en el país, minimizando conflictos sociales, respetando derechos fundamentales y con la fiscalización efectiva?

Recuperando (si es que hubo) la confianza en el Estado

Existe un positivo esfuerzo gubernamental, a través de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), por instaurar en el país el dialogo y la gestión preventiva de los conflictos sociales. Sin embargo, es evidente que falta un trabajo de largo aliento para recuperar la confianza en el Estado y sus instituciones, de modo que para un poblador de la selva alta puneña deje de ser tan natural suponer que el Estado está siempre en componenda con las grandes empresas.

A fines de enero de este año, se conoció que la petrolera Pluspetrol fue  sancionada por el Organismo de Fiscalización Ambiental  (OEFA) con una multa de 29 millones de nuevos soles, por incumplir las normas ambientales nacionales. La medida que podría parecer intrascendente en la tradicionalmente sombría relación Estado–Empresa, genera un efecto positivo en la opinión pública, pues contribuye a reactivar la confianza del ciudadano en la efectividad de sus instituciones.  En esa línea, consideramos que fortalecer la supervisión estricta del cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de las empresas,  reforzar la función elemental del Estado de fiscalizar efectivamente la actividad empresarial, contribuyen a recuperar la confianza del poblador del Perú de adentro en el Estado del cual pocas veces se siente parte. Entonces, las medidas de interdicción son necesarias en tanto complementarias y puntuales, pero cuando éstas se convierten en la estrategia principal de control social, es alto el riesgo de debilitar más aun nuestra endeble institucionalidad. Salvo mejores opiniones que, por cierto, siempre son bienvenidas.

(*) Jorge Talavera, Sociólogo