Jorge Talavera Anaya (*)
Es
conocido que gran parte de los conflictos sociales que ocurren en el sector
extractivo (minería y energía) están relacionados con los espacios y formas de participación
de los diversos actores sociales en las diferentes fases de los proyectos. No
obstante, desde el Estado, e incluso la Sociedad Civil, se ha analizado muy
poco el impacto real de la participación ciudadana en las visiones y
percepciones de los actores locales sobre los proyectos y sus consecuencias en el espacio local.
En
esa perspectiva, y con el fin de acercarnos al tema, planteamos la siguiente
pregunta: ¿Los talleres, las audiencias, las consultas y demás espacios de
participación ciudadana que se deben cumplir, según la legislación nacional,
durante la elaboración de los estudios ambientales, sirven de algo?
Veamos.
Hace poco más de una década que la legislación peruana instauró la
participación ciudadana como parte de la evaluación ambiental que todo proyecto de inversión debe cumplir[1]. Asimismo, los reglamentos
de Participación ciudadana de los sectores Minero y Energético vigentes[2] establecen que el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en coordinación con el titular del proyecto, debe promover la participación, a
través de mecanismos diversos como reuniones, audiencias, entrevistas,
talleres, grupos focales, etc., los cuales deben sustentarse ante la Autoridad
Competente.
¿Cuáles han sido los
resultados de la participación ciudadana en la evaluación ambiental?
Basados
en la observación de diversos proyectos del sector extractivo, nuestra
hipótesis preliminar es que la participación en la elaboración de los EIAs, tal
como ha sido promovida por el Estado, ha tenido resultados poco significativos
(De Echave et al, 2009)[3]. Abunda información sobre la
gran cantidad de conflictos sociales que detonaron y escalaron durante o después
de culminada la etapa de participación ciudadana, tal como lo confirman los
reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo[4]. Éste es un indicador claro de que algo anda mal en la implementación de este mecanismo.¿Por qué la participación ciudadana no ha sido efectiva?
La
evidencia indica que se ha convertido en “mero requisito administrativo” en el proceso de elaboración de
los EIAs. Dando la impresión de que lo
único que le interesa a la Autoridad es que las empresas cumplan con realizar
las audiencias y talleres establecidos, acumulando todas las “evidencias” posibles
(fotografías, filmaciones, lista de asistencias firmadas por los asistentes,
etc.), como si se tratara de un trámite más. Un auténtico proceso de participación
ciudadana debe buscar resultados claros en términos de cambio de percepciones y concentrar su máximo esfuerzo en absolver todas las dudas y temores de los
grupos de interés sobre los impactos del proyecto.
Revisando
la legislación nacional sobre evaluación
ambiental, no encontramos ninguna referencia a la necesidad de monitorear y
evaluar los resultados de los procesos de participación ciudadana. No se
establecen, por ejemplo, indicadores para
conocer cuánto y cómo influye en la opinión de los grupos sociales impactados
por los proyectos. Dicho de otro modo, no se han establecido mecanismos adecuados para verificar si
las audiencias o talleres que desarrollan las empresas contribuyen a despejar
las dudas y temores o, contrariamente, a incrementarlos.Mientras tanto, si la Autoridad y las empresas continúan enfocando la participación como un instrumento administrativo para “destrabar inversiones” y no como un auténtico proceso de dialogo y comunicación efectiva con los ciudadanos, seguirá siendo un trámite más, y una fuente permanente de conflictos sociales. Salvo mejor opinión.
(*) Miembro del Consejo Directivo del Colegio de Sociólogos de Arequipa
Fotografía tomada de www.minem.gob.pe
[1]
Decreto Supremo N° 019-2009 – MINAM
[2]
Decreto Supremo N° 028 – 2008 – MEM y Resolución Ministerial N° 471 – MEM/DM
[3] De
Echave, J et al (2009): Mineria y Conflicto Social. Lima, Perú.
[4] http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/
