El martes 03 de abril, se publicó el Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la OIT. Dicho documento regula el acceso a la consulta, las caracteristicas esenciales del proceso de consulta y de ser el caso, la formalización de los acuerdos arribados.
Durante la elaboración y a la luz del documento, se han hecho presentes varias opinones a favor y en contra. A continuación presentamos un artículo publicado por la Agencia Peruana de Noticias y un video difundido por el CEPES. El primero destaca las caracteristicas principales del reglamento, mientras que el segundo, observa que la Ley y por tanto el Reglamento no logran recoger las recomendaciones de la OIT.
Sin mas preámbulo, presentamos la información.
Sin mas preámbulo, presentamos la información.
Estado garantiza derechos colectivos de pueblos indígenas
09:37
Ejecutivo publica reglamento de Ley de Consulta Previa (ampliaciónLima, abr. 03 (ANDINA). El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, publicó hoy el reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que será aplicado por los gobiernos regionales y locales para los procesos de consulta a su cargo.
|
En ese sentido, los gobiernos regionales y locales sólo podrán promover procesos de consulta, previo informe favorable del viceministerio de Interculturalidad, según el Decreto Supremo 001-2012-MC, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano.
El dispositivo señala que este viceministerio ejercerá el rol de rectoría en todas las etapas del proceso de consulta, correspondiendo a los gobiernos regionales y locales la decisión final sobre la medida.
También el viceministerio de la Interculturalidad se encargará de dictar políticas orientadas a promover la debida capacitación de facilitadores e intérpretes de la consulta, y de elaborar la base de datos oficial de los pueblos indígenas del país.
De esa manera, el derecho a la consulta previa se realizará con el fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos como tales por el Estado peruano en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados por Perú y las leyes.
La norma también señala que el resultado del proceso de consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes.
Sin embargo, sí es obligatorio celebrar una consulta de acuerdo con las obligaciones establecidas por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Como excepción establece que las normas de carácter tributario o presupuestario no son materia de consulta.
Para ello, las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe, con un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y los pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo o consentimiento, buscando que la decisión se enriquezca con los aportes de los representantes indígenas.
A fin de lograr ese objetivo deben establecerse mecanismos apropiados, realizándose las consultas de una forma adaptada a las circunstancias y a las particularidades de cada pueblo indígena consultado.
Esas consultas deben realizarse a través de los representantes de las comunidades indígenas directamente afectadas por medidas administrativas o legislativas propuestas por el Estado, quienes tienen que ser nombrados conforme a sus propios usos y costumbres, debiendo acreditarse debidamente ante la entidad promotora de la consulta.
En atención a la diversidad de los pueblos indígenas y a sus costumbres, el proceso de consulta considera las diferencias según las circunstancias a efectos de llevar a cabo un verdadero diálogo intercultural.
La falta de representantes no es obstáculo para la realización del proceso de consulta, debiendo la entidad promotora adoptar las medidas necesarias para hacer posible la consulta a los pueblos indígenas que pudieran afectarse.
En el caso de las entidades promotoras, representadas por los gobiernos regionales o locales, pueden realizar reuniones preparatorias con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, para informarles la propuesta de plan de consulta.
La misma entidad promotora pondrá fin al proceso de diálogo si el incumplimiento del principio de buena fe impidiera la continuación del proceso de consulta, elaborando un informe sobre las razones que sustentan dicha decisión.
De alcanzarse un acuerdo total o parcial entre el Estado y los pueblos indígenas, como resultado del proceso de consulta, dicho acuerdo es de carácter obligatorio para ambas partes.
En caso de que no se alcance un acuerdo y la entidad promotora dicte la medida objeto de la consulta, le corresponde a dicha entidad adoptar todas las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
También debe garantizar sus derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo, promoviendo la mejora de su calidad de vida. Los representantes que expresen su desacuerdo tienen el derecho de que el mismo conste en el acta de consulta.
(FIN) JCP/FPQ
GRM
Seguidamente presentamos l entrevista realizada a Pedro Castillo, abogado del CEPES.
